En una carta dirigida al Presidente del Senado, el mandatario de los medellinenses respalda otra misiva similar del Fiscal General de la Nación. La preocupación es que los procesos contra personas procesadas se diluyan, además que tendría graves implicaciones para la ciudadanía.
Preocupado se mostró Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, por un artículo que está incluido en el proyecto de la reforma a la justicia que cursa en el Congreso de la República y en el que se abre la puerta para limitar a un año el periodo de la medida de aseguramiento intramural por diferentes delitos a los que haya sido sindicado una persona.
En una carta a Ernesto Macías Tovar, presidente del Senado de la república, el mandatario de Medellín respaldó una misiva similar enviada por Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal General de la Nación, en la que se explica en cuatro puntos la lectura que se infiere del artículo en mención. Así mismo, su aplicabilidad y por ende las consecuencias que se derivarían de las decisiones a las que giraría la justicia colombiana.
“Resulta verdaderamente alarmante para la comunidad, las implicaciones que de manera inmediata se producirían en el evento en que la reforma a la justicia surtiera airosa todo el trámite legislativo, en atención a que ello generaría, como lo alerta el señor Fiscal General de la Nación, la libertad para miles de personas investigadas por delitos de inusitada gravedad, lo que llevaría un mensaje nefasto para la sociedad”, dijo en la carta el Alcalde.
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Y es que dicho artículo, de acuerdo con Gutiérrez Zuluaga, quien también habló en calidad de presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, Asocapitales, no se puede justificar por la grave situación de hacinamiento que ocurre en diferentes centros penitenciarios de Colombia. En especial, el caso de Medellín en el que, según la Personería de la ciudad hay hasta un 300 % de sobrepoblación en los centros de reclusión temporal.
En este sentido, la carta del Alcalde al Presidente del Senado, expone que la salida a esta problemática no puede ser una liberación masiva y generalizada de ciudadanos que están siendo investigados por conductas reprochables que afectan en grado sumo el correcto funcionamiento de la sociedad. “Ello en nada contribuiría, antes por el contrario, consideramos generaría una grave crisis social y de seguridad que en nada aportaría al problema carcelario que precede el país”.
Para el caso del hacinamiento, el mandatario de los medellinenses exhortó al Gobierno Nacional a una intervención presupuestal urgente que no da espera ante los ya conocidos casos de indignidad que afrontan los presos en las cárceles del país.
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Otro de los puntos con los que se justifica la improcedente aplicación de este artículo es que, en el caso de la Alcaldía de Medellín, en diferentes proceso legales que se adelantan con la jurisprudencia por temas de cohecho, peculado y otros delitos, no ha sido posible terminar estos litigios en un periodo inferior a tres años, lo que menoscabaría el bien jurídico de la administración pública.
Finalmente, el Alcalde de Medellín precisó que espera el curso de la discusión y que finalmente no se permita la aplicabilidad de este artículo, que modificaría de tajo la Constitución Política de Colombia y por ende generaría una situación de difícil manejo de seguridad para las autoridades y la población en general.
Para leer el contenido completo de la carta clic aquí.
Por: José Fernando Serna Osorio
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